Con la nueva Ley de
Comunicación, la libertad de expresión se consolida como un derecho del hombre
y la mujer en su universalidad y deja de ser un privilegio exclusivo de los
medios comerciales, prensa, radio y televisión. No se admite postergación
alguna, es una realidad, la urgentísima y pronta expedición de ese documento
jurídico que pondrá fin al abuso de quienes se creían dueños absolutos de la
verdad y los únicos diseñadores de la opinión pública. Y será información que
se quiera pasar por televisan será aprobada o desaprobada respectivamente por
un funcionario publico, el cual deberá proceder de manera imparcial y si no lo
hace será multado con cierta parte de su sueldo.
Esta ley también nos habla
del derecho que tiene una persona que haya sido agredida por alguna información
errónea a exigir una rectificación por el mismo medio pidiendo disculpas con el
fin de limpiar la honra de la persona agredida o perjudicada.
Además habla sobre la
programación en los canales deberá ser con el fin de promover la diversidad
pluricultural que existe en nuestro país, deberán tener como mínimo un 50% de
televisión abierta y el otro 50% de televisión nacional, incluso las canciones
que se pongan durante cualquier programa deberán ser de músicos ecuatorianos ya
que así se estará protegiendo y realzando el talento ecuatoriano y deberán
pasar los programas en los idiomas q existen actualmente en Ecuador como son el
español y el quichua.
La Redistribución de las
frecuencias a los medios comunitarios no puede ser manipulada políticamente por
los gobiernos ni por la oposición, porque es un principio constitucional que se
debe cumplir como una reparación histórica con los pueblos que han sido
excluidos, humillados y ofendidos por poderes facticos a lo largo de la
historia. Debe garantizar la construcción de Estado Plurinacional, en todos los
espacios y valorar la producción nacional, especialmente la cultura y las
tradiciones de los pueblos indígenas, para resistir a la colonización y homogenización
cultural de la globalización.
Los medios de comunicación
tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o
programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos, con el fin de que
el público sepa que clase de programación va a visualizar y decida la
programación de su preferencia.
No se podrá discriminar,
exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología,
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o
diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que
incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la
discriminación.
Aparentemente, se silenciaron
las bullangas, los foros amañados y los concursos de afiches patrocinados por
los empleados de los medios privados y los organismos -supuestamente-
gremiales, frente a la inminente aprobación de un instrumento, que, por primera vez en la historia del Ecuador, garantizará
responsabilidades, ética, social y jurídica del periodista en el desempeño de
sus actividades profesionales. No es para perseguir a periodistas o clausurar
medios “independientes”, como insinúan ciertos sabios analistas, ávidos de figuración
y políticos fracasados que todavía se amparan como último recurso de
supervivencia, en el alero de la prensa comercial.
Como conclusión esta ley
promueve al derecho de que los medios de comunicación nos informen atraves de
programas educativos, reales y sobre todo con absoluta parcialidad y honestidad
en todo lo q se transmita ya sea por radio, televisión o prensa escrita. Además
de cuidar que toda la programación sea apta y educativa sobre todo para los
menores de edad, y que si no es así serán multados. Y así obtener una
comunicación en nuestro país veraz oportuna clara y eficaz siempre sin querer
proteger o perjudicar a nadie, ya que se se basaran en informaciones reales y
confirmadas con el fin de no dañar la reputación o el nombre de alguna persona
o institución.